Denuncias

Comunidades cercanas al gran eneal denunciaron contaminacion

                   REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
             COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA GUAJIRA.
                        MINICIPIO GUAJIRA-ESTADO ZULIA
     RIF: J-31026928-9


INFORME:
Jorge Arriaza Vice-presidente de la república
Atención: Almirante Ángel Belisario

A 55 minutos  vía lacustre de la comunidad de El Arroyo, al norte de la población de Sinamaica  se encuentra el Puerto de Youruna, donde fueron decomisados más de 8000 pipas  entre vacías y llenas de combustible por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el Operativo Choque Al Contrabando.
Tal procedimiento se realizó mediante el apoyo de la Guardia Costera, GNB Y FANB quienes realizaron este trabajo en conjunto en medio de los extensos manglares que bordean las Ciénagas del Gran eneal que abarca gran parte de la flora de esta zona, 12 lanchas pantaneras fueron utilizadas con cepillos de dragado en medio de una zona pesquera con el fin de buscar pipas que pudiesen estar enterradas en medios de la aguas las cuales fueron quemadas sin importar las comunidades vecinas y la magnitud del daño que pudiese ocasionar el Humo.
El viernes 03 de Octubre Un equipo encabezado por una periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, El Coordinador de Los Derechos Humanos de la Guajira, Consejo Comunal Las Pitias, Consejo Comunal El Arroyo, docentes y equipo de Trabajos audiovisual , realizaron un recorrido por estas Ciénagas para visualizar las condiciones en la quedaron estos puertos luego de que los pescadores denunciaran la disminución de la producción y las infecciones en la piel que presentaban por el agua contaminada con el combustible derramada durante el operativo militar.
Erika González, vecina del Sector Los Mochos expreso “en Los Filuos ya no nos producto al mercado y nadie nos mira y nosotros ni lo comemos porque sabe diferente y mi hijo le salió algo en el cuerpecito no sé porque pero sospecho que es por el agua contaminada por la gasolina de donde sacamos esos pescados”•
Quienes viven de la pesca por las orillas del Gran Eneal sienten con preocupación la contaminación el tráfico de combustible y los operativo donde ellos se ven afectados por el simple hecho de tener una embarcación que solo utilizan para la pesca
José Antonio González, pescador del Sector Los Mochos afirmó “por ahora no podemos pescar porque están totalmente contaminado, no circulamos de noche porque quienes trafican la gasolina señalan que por ahí solo pasan ellos y por eso nos reunimos con ustedes para que tomen en cuenta nuestra denuncia que si estamos de acuerdo con el operativo pero no nos gusta la forma cómo actúan”
“esa comisión está bien pero exigimos que cuando detengan pipas que los saquen del agua y los quemen en otro lado donde no pueda contaminar, pero ello solo lo queman acá y dañan nuestros manglares y contaminan el agua y matan a los peces eso no nos sirve” puntualizo Brígida Fernández, vecina del Sector Los Mochos
Haber escuchado la opinión de estos pescadores que en la orilla de las tranquilas aguas del gran eneal nos esperaban para darnos a conocer su inquietud y quienes resumieron el problema en la contaminación y la disminución de la producción pesquera
Continuar por esta agua y terminar el recorrido lacustre en el patio de una casa en el sector El Arroyo que sirve como Escuela donde los docentes denunciaron que en más de una oportunidad les han recibido cartas las autoridades prometiéndole una escuela digna para los más de 300 niños que habitan en este sector, que desde hace 7 años reciben su educación debajo de enrramadas improvisadas hechas con palos y palmas de coco para medio refugiarlos del inclemente solo y cuentan con una pared de maderas juntadas que impiden que entren los cerdos al interior de estos salones que no cuentan con techo.
Iris Medina, Coordinadora administrativa de esta institución resalto “desde el 2007 nuestra escuela fue inhabilitada por Los Bomberos de Mara, porque las bases que tenia cedieron y toda la planta cayo, al quedarnos sin salón nos toco con los vecinos levantar este techito para atender a los niños porque quedamos en la calle, acá convivimos con los cochinos, perros y todo tipos de animales así como también los zancudos en periodos lluviosos”.
Observaciones
Lo antes expuesto, lo ponemos a consideración del Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, para que se nombre una comisión de alto nivel integrada por el Ministerio del Ambiente para que revise la situación de El Gran Eneal
Se considera como violación Flagrante de los Derechos Humanos a los niños y adolecentes que estudian en la Escuela Bolivariana El Arroyo la situación en la que se encuentran actualmente   desde hace 7 años, exhortamos al Vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, hermano y aliado de los Pueblos Indígenas para que envié una comisión a evaluar el caso de la Escuela El Arroyo, invocando los preceptos constitucionales art.102, art.7 y art 8 de la Lopna.

 Comite de derechos humanos de la Guajira, presenta dencia ante el Ministerio Publico.

CIUDADANO
JORGE ARREAZA
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COORDINADOR GENERAL DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CIUDADANA FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA
LUISA ORTEGA DIAZ
CIUDADANA DEFENSORA DEL PUEBLO
GABRIELA DEL MAR RAMIREZ
CIUDADANOS
INTEGRANTES DE LOS PODERES PUBLICOS
SEÑORAS Y SEÑORES.

 
    Un saludo revolucionario, bolivariano, chavista e indiano. Quienes  militamos en la causa de la justicia y en la promoción y defensa de los derechos humanos- fundamento de la convivencia democrática y de la paz social- como lo consagra el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reafirmamos en este evento nuestro compromiso histórico con el legado del comandante supremo y presidente Hugo Chávez Frías.
No pretendemos en este encuentro descalificar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni hacernos eco de una minoría adversa a este proceso y al pueblo uniformado, cuyo líder supo interpretar los signos de los tiempos para insurgir el 4 de febrero de 1992 contra un sistema oprobioso negador de los derechos fundamentales y que marcó el rumbo de una nueva época en el camino hacia el Socialismo para lograr la mayor suma de felicidad posible.
Desde aquella memorable rebelión militar han transcurrido más de veinte años, durante los cuales luego del triunfo de la revolución bolivariana el 6 de diciembre de 1998 y la toma de Miraflores por Hugo Chávez se desataron los mil demonios que supo conjurar con fina maestría el comandante supremo al lado del pueblo y, ahora, le ha tocado al presidente Nicolás Maduro Moros en torno del cual seguiremos teniendo patria.
Este sentimiento que expreso se nutre de la lucha de los pueblos originarios que a lo largo de más de cinco siglos de historia y resistencia continúan en la batalla por la supervivencia de la especie humana.
Justo es reconocer la voluntad política y la decisión del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez por proteger y defender la causa de los pueblos y comunidades indígenas. Fue él -como Jefe de Estado- el primero en reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dándole rango constitucional y más aún declararse aliado de “los indios”, incluso antes de que la Organización de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el año 2007.
Necesario es puntualizar que el constituyente de 1999 reconoció los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos históricos, cuyas raíces ancestrales forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberado e indivisible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Norma Suprema.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas aprobada por la Asamblea Nacional, en el 2005, en el artículo 1º, destaca lo siguiente: “El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios, garantizándoles los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal (…).
Por estas y otras razones de hecho y de derecho, temblamos de indignación cuando oficiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), particularmente del ejército venezolano, prevalidos de poder y del honroso uniforme militar,  violentando el Estado de Derecho arremeten  contra los descendientes de los pueblos ancestrales-sobre todo wayúu- al desplazarse por su hábitat natural criminalizándolos con el estigma de bandolero, bachaquero, contrabandista, guerrillero, paramilitar o colaborador de los grupos generadores de violencia que operan en la frontera.
En este evento reafirmamos que NOSOTROS NO SOMOS BANDOLEROS, NI BACHAQUEROS, NI CONTRABANDISTAS, NI GUERRILEROS, NI PARAMILITARES, NI COLABORADORES DE LOS GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA. ¡SOMOS COMERCIANTES FRONTERIZOS CON MAS DE QUINIENTOS AÑOS DE HISTORIA Y RESISTENCIA!.
Por ello reprochamos esta práctica cotidiana de los efectivos del ejército y denunciamos que los pobladores de la Guajira venezolana se encuentran sitiados por las fuerzas militares que han convertido en un objetivo militar a todo aquel que se desplace por la frontera norte del Zulia.
Desde la activación del Distrito Militar en este espacio estratégico fronterizo, el drama de una de las cinco etnias asentadas en el territorio zuliano es si amanece vivo o muerto y, por tanto, consideramos que lo ocurre en la frontera no se corresponde con la voluntad y el espíritu que dio origen a esta iniciativa y constituye una afrenta al legado de Hugo Chávez, cuyo decreto Nº 39.583, publicado en Gaceta Oficial con fecha 28 de diciembre de 2010, incorporó entre sus considerandos la protección a la población, especialmente la indígena.
Los hechos son el medio de prueba más contundente de la más flagrante violación de los derechos humanos contra estos grupos humanos vulnerables como son los pueblos y comunidades indígenas.
En menos de cuatros años que tiene operando el Distrito Militar 1 en la Guajira venezolana, los defensores de los derechos humanos han registrado, procesado y sustanciado en un informe consignado en las distintas instancias del Poder Público nacional, según el cual ha habido: DOCE(12) MUERTOS, VEINTIOCHO (28) HERIDOS, NUEVE (09) TORTURADOS, UN (01) SECUESTRADO, UN (01) DESAPARECIDO y VEINTISIETE (27) PERSONAS PRIVADAS ILEGITIMAMENTE DE LA LIBERTAD -la mayoría de ellas- sometidas a operaciones psicológicas con la aplicación del terrorismo judicial, a los fines de que admitan su responsabilidad penal y puedan recuperar su libertad bajo la suspensión condicional de la pena, lo cual contraviene el Estado de Derecho.
HE AQUÍ LOS HECHOS QUE NO SE PUEDEN SILENCIAR:
El trece (13) de mayo de dos mil doce (2012): Ana Delgado, titular de la cédula de identidad Nº V-7.746.407, Vanesa Delgado (16), titular de la cédula de identidad Nº V-26.589.623, José Guillermo González (22), titular de la cédula de identidad Nº V-25.488.687 y Fran Cooper (22), resultaron heridos por arma de fuego disparadas por efectivos del ejército adscritos a la 13 Brigada de Infantería al mando del general Pedro Asael Pérez Ravelo, con sede en Paraguaipoa, municipio Guajira, estado Zulia.   
El siete (07) de junio de dos mil doce (2012): El cabo primero Jouttay José Chacín Palmar (19), titular de la cédula de identidad Nº 20.948.728, de la etnia wayúu, resultó herido por arma de fuego accionada por el teniente Argenis Rafael Acevedo Ríos, adscrito al 102 Grupo de Caballería Motorizada “G/D Francisco Esteban Gómez”, con sede en Cojoro, municipio Guajira, estado Zulia.
El veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012): José Efraín González (30) murió cuando una comisión del ejército atacó a un camión 350, donde viajaba un grupo de estudiantes del liceo Bolivariano, hecho registrado en la localidad Los Hermanitos, parroquia Sinamaica, municipio Guajira, estado Zulia. Hubo nueve (09) heridos: Moisés Alejandro Contreras Mazzulli (17), titular de la cédula de identidad Nº V-23.761.206; Zoilo José Chacín Contreras (28), titular de la cédula de identidad Nº  V-18.824.254; Karelis Nayiber Bravo Lozano (17), titular de la cédula de identidad Nº V-25.290.964; Ramsés Rafael Díaz Lozano (12), titular de la cédula de identidad Nº V-27.059.630; Diego José García Lozano (14), titular de la cédula de identidad Nº V-27.059.635; Katiuska Andreína Bravo Lozano (22), titular de la cédula de identidad Nº V-25.290.959; José Félix Lozano Parra, titular de la cédula de identidad Nº V-17.952.318; Bartolo Eliecer Arévalo, titular de la cédula de identidad Nº V-19.177.560 y Humberto González, todos pertenecientes a la etnia wayúu..     
21 de diciembre de 2012: Yorbis Gregorio Báez González (28), titular de la cédula de identidad Nº V-20.946.958,  Javier Segundo Pirela, titular de la cédula de identidad V-13.460.035 y Ali José Pirela, titular de la cédula de identidad Nº V-24.730.300, resultaron heridos en el punto de control Las Guardias, parroquia Guajira, vía Troncal del Caribe, por una comisión del ejército venezolano del municipio Guajira, estado Zulia. La Causa la lleva la Fiscalía 45 del Ministerio Público con competencia en Protección de Derechos Fundamentales.
29 de enero de 2013: Melandro Luis Pirela González (36), titular de la cédula de identidad Nº V-16.557.615,  perdió la vida en su propia casa, ubicada en el sector Los Aceitunitos, municipio Guajira, estado Zulia, cuando una comisión del ejército adscrita a la 13 Brigada de Infantería le disparó frente a sus familiares. El caso se encuentra en la Fiscalía Quadragésima Quinta (45) del Ministerio Público con competencia en derechos fundamentales, cuyo expediente está signado con el número MP-58679-2013.  
17 de marzo de 2013: Carlos Olarte, titular de la cédula de identidad Nº V-19.766.017, resultó herido en el municipio Guajira, estado Zulia, por una comisión del ejército adscrita al 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar” al mando del coronel José Gregorio Viña Hernández, con sede en el Tigre, municipio Guajira, estado Zulia.   
28 de abril de 2013: Yovanny Yoandris Meléndez Salas (27) murió durante una operación del ejército adscrito al 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar” en el sector El Carretal, municipio Guajira, estado Zulia. Hubo dos (02) alijunas heridos José Guillermo Castro (18) y Anuar David Lopez Gómez (31).  En ese evento se produjeron seis (06) detenciones: Anuar David López Gómez, José Guillermo Castro, María Elena Rodríguez, José Luis González Zambrano, Jorge Luis Larreal y Ender José Quintero. Todos denunciaron que fueron torturados por los militares al mando del coronel José Gregorio Viña Hernández y acusados por la Fiscalía Militar Vigésima Primera de los delitos de Rebelión y Ataque al Centinela. Cinco fueron sobreseídos. Anuar David López Gómez fue condenado por el Tribunal Militar Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia a quince (15) años de presidio, por el delito de Ataque al Centinela, aunque la Fiscalía Militar no pudo demostrar durante el juicio la responsabilidad penal del acusado y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de inocencia de Anuar David López Gómez. Hubo apelación de la sentencia condenatoria la cual fue declarada sin lugar por la Corte Marcial. Anuar David López Gómez se encuentra desaparecido desde el primero de julio de 2014, aunque ahora las autoridades del centro de detenciones preventivas El Marite en Maracaibo pretenden justificar el hecho aseverando que se dio a la fuga. A este ciudadano se le violaron todos los derechos y se encontraba en situación de minusvalía con dos fracturas en ambas piernas por arma de guerra que le impiden caminar.      
4 de mayo de 2013: Elvis Alfonso Escandón murió bajo el poder de fuego del ejército adscrito al 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar”, en el caserío La Turcala, municipio Guajira, estado Zulia, en una presunta persecución a un bachaquero. Hubo dos (02) heridos: Olga Flores, titular de la cédula de identidad Nº V-14.946.788, esposa del occiso,  y Aurelio González, titular de la cédula de identidad Nº V-18.572.158.
13 de mayo de 2013: Wilmer Wuilson Fernandez Farías (23), titular de la cédula de identidad Nº V-14.522.093, murió en el caserío Aipiapa, municipio Guajira, estado Zulia, presuntamente de un disparo hecho por el teniente coronel Orlando Romero Bolívar, comandante del 102 GCM “G/D Francisco Esteban Gómez”, con sede en Cojoro, municipio Guajira, estado Zulia.
El 3 de junio de 2013: Jesús Méndez, titular de la cédula de identidad Nº 24.731.783, fue secuestrado durante diez (10) horas, en el municipio Guajira, estado Zulia, por efectivos del ejército venezolano. Lo despojaron de nueve (09) mil bolívares y un teléfono blackberry.
El 18 de junio de 2013: Alvaro Javier García Herrera fue torturado en el sector Los Manantiales, municipio Guajira, estado Zulia, por efectivos del ejército adscritos al 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar” al mando del coronel José Gregorio Viña Hernández.   
20 de junio de 2013: Jeohomar Jasay Paz Paz fue torturado y violado por efectivos militares al mando del coronel José Gregorio Viña Hernández, en el cuartel Yaurepara, ubicado en el sector El Tigre, sede del 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar”, en el municipio Guajira, estado Zulia. De acuerdo con informaciones confiables este mototaxista fue confundido con Yovanny Yoandris Meléndez Salas, quien murió en la operación del ejército el 28 de abril de dos mil trece (2013).  El caso se ventila en la Fiscalía 91 del Ministerio Público con competencia nacional.
16 de julio de 2013: Zoe del Carmen López resultó herida por una comisión del ejército adscrita al 102 Grupo de Caballería Motorizada “G/D Francisco Esteban Gómez”, en la localidad de Sichipés, municipio Guajira, estado Zulia. Tras diez de agonía murió en el Hospital Universitario de Maracaibo. Las investigaciones corresponden a las Fiscalías del Ministerio Público Nº 47 y 76, cuyo expediente es MP-297629-2013.  
5 de agosto de 2013: Eudo Wilmer González  Atencio, titular de la cédula de identidad Nº V-23.267.117, fue torturado por efectivos del ejército adscritos al 102 Grupo de Caballería Motorizada “G/J Francisco Esteban Gómez”, con sede en Cojoro, en la localidad de Amunol, jurisdicción del municipio Guajira, estado Zulia.  Estuvo recluido durante tres semanas en el hospital Adolfo Pons de Maracaibo y se le diagnosticó fractura en la columna.
2 de septiembre de 2013: Kelvis Rafael Barroso (18), Alexander Segundo Paz Mejías (14) y Yuskelys González López (18) murieron tras ser impactados por camioneta del ejército del 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar” en la  vía Caño Cabezón, municipio Guajira, estado Zulia.  
29 de enero de 2014: Wilfredo Antonio Cambar González, titular de la cédula de identidad Nº V-25.690.397,  muerto por efectivo del ejército venezolano en el sector El Brillante, municipio Guajira, estado Zulia. Dos familiares Angel Benito Báez, titular de la cédula de identidad Nº V-16.730.183 y Mario Enrique Fernández, titular de la cédula de identidad Nº V-20.726.760, resultaron heridos, al último de ellos le destrozaron la mandíbula.
7 de marzo de 2014: Nelson Enrique González (31), titular de la cédula de identidad Nº V-16.492.795, falleció por disparo de AK-103 en el sector Laguna del Pájaro, municipio Guajira, estado Zulia, accionada por el soldado Angel Bracho e involucrado el teniente Luis Eliaxib Pérez Durán, ambos adscritos al Grupo de Caballería Motorizada 102 “G/D Francisco Esteban Gómez, con sede en Cojoro. El fallecido pertenecía al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia. El caso se ventila en la jurisdicción del Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia bajo el  expediente 6C-28525-14.
1 de abril de 2014: Militares adscritos al 102 Grupo de Caballería Motorizada “G/D Francisco Esteban Gómez” privaron de libertad a un grupo de catorce personas, miembros de una cooperativa legalizada imputados y acusados de contrabando agravado y asociación para delinquir.   
12 de abril de 2014: Willy Enrique Márquez Puche (18) murió en las inmediaciones del embalse Yorura,  municipio Guajira, estado Zulia, por disparo de efectivo del ejército adscrito al 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar”. Testigos señalan al teniente Pinto como el presunto autor de la ejecución y muerte del joven.
4 de junio 2014: Una comisión del ejército venezolano, en horas de la madrugada, disparó a diestra y siniestra en las inmediaciones de las comunidades de Moina, Mainachon, Suchonchon, ubicadas en la Troncal del Caribe,  vía que conduce desde Paraguaipoa a Guarero, tras la presunta persecución de un vehículo que transportaba alimentos para el contrabando, poniendo en riesgo la vida de los pobladores quienes al reclamar este proceder de los efectivos militares, por cuanto varias conchas de los fusiles accionados fueron colectadas dentro de las viviendas resultaron agredidos por el ejército.
5 de junio de 2014:  Un grupo de familias fue objeto de vejaciones, maltratos y abusos en la localidad de Caño Sagua, durante un procedimiento en el cual participaron militares activos adscritos al 102 Grupo de Caballería Motorizada “General de División Francisco Esteban Gómez”, con sede  en Cojoro, municipio Guajira, al mando del teniente coronel Orlando Ramón Romero Bolivar, efectivos de la Brigada 13 al mando del mayor Yepes, funcionarios de Pequiven, Universidad del Zulia, bomberos  y la fiscal sexta del Ministerio Público, Blanca Tigrera, con su auxiliar María Jesús Naranjo.
La fiscal Tigrera con una presunta orden de allanamiento  violó los derechos fundamentales de la población de Caño Sagua, apoyada por un contingente de más de cincuenta efectivos a bordo de siete (07) vehículos, cuatro (04) Tiuna y tres (03) Toyota, tipo batalla, privando de libertad a trece(13) personas, entre ellas: María Chiquinquirá García, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.996.733, Aurelio S. Gutiérrez, titular de la cédula de identidad Nº V- 20.687.234, Eliezer Antonio González, Carlos José Fernández, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.111195, Magalis Gutiérrez, Baltil Onicia González, titular de la cédula de identidad Nº V-23.287.194, Cecilia González, Claudio Castillo, Jhon Hernández, C.I. V-18.396.269, solicitando además orden de aprehensión para  Ana Graciela Castillo, C.I. V-6.803.383, Yanitza Montiel, C.I. V-20.778.786, Aura García, C.I. V-20.659.431 y José Borges, C.I. V-5.824.216. La mayoría de estos ciudadanos y ciudadanas privadas de libertad son pescadores de la zona y bajo operaciones psicológicas de terrorismo judicial fueron coaccionados a admitir los hechos sin tener responsabilidad penal, cuyos protagonistas fundamentales son la fiscal Blanca Tigrera, el juez Rómulo García y el teniente coronel Orlando Ramón Romero Bolívar.
11 de junio de 2014: Cincuenta efectivos militares armados a bordo de quince vehículos irrumpieron el lunes 11 de junio, a las seis de la mañana, en la comunidad de Kaishiimaana para realizar la detención arbitraria de una persona, maltratar físicamente a cuatro  mujeres wayúu, incluyendo una anciana de 104 años de edad y allanaron la vivienda de una familia de la parroquia Guajira,  municipio Guajira, estado  Zulia.
1 de julio de 2014: Un grupo de efectivos militares, entre ellos varios tenientes,  adscritos a la 13 Brigada de Infantería detuvieron en horas de la tarde, en la alcabala de Río Limón, el vehículo del alcalde Hebert Chacón, quien fue vejado y calificado de bandolero por los oficiales del ejército, lo cual hizo reaccionar a una veintena de personas que lo acompañaban, entre ellos varios concejales wayúu quienes reclamaron la actitud hostil e irrespetuosa de los efectivos de la FANB.  
14 de agosto de 2014: Jonatán Javier González (19) fue herido por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar y trasladado al hospital Universitario de Maracaibo, en un hecho ocurrido en el sector La Punta, municipio Guajira, estado Zulia.   
A este cuadro de violación de los derechos humanos en la frontera norte del Zulia, en la Guajira se han registrado más de sesenta allanamientos ilegales, siendo el más reciente en la vivienda de los familiares del abogado Adalberto Salas, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Adalberto Salas, quien fue privado de libertad cuando participaba en una operación encubierta contra el narcotráfico.
Dos asuntos que merecen destacarse. Primero: en la mayoría de estos casos denunciados la vocería militar ha ocurrido a desempolvar “el viejo manual” del enfrentamiento, al cual apelan las autoridades oficiales para pretender justificar estos hechos violatorios a los derechos humanos con el uso desproporcionado de la fuerza como legítima defensa.  
¿Cómo puede haber enfrentamiento cuando en ninguno de estos casos se ha demostrado que la víctima estaba armada y que en lugar de confrontar al supuesto contendiente lo que ha hecho es correr o tratar de resguardar su vida?. Extrañamente no ha habido ni un soldado herido y los muertos siempre están del lado de los civiles. Segundo: Los medios de comunicación social del Zulia han desempeñado un papel fundamental para difundir estas mentiras de la vocería oficial y criminalizar a los wayúu con honrosas excepciones como la radio fronteriza “Fe y Alegría” y otros medios digitales. Curiosamente, “la canalla mediática” sólo se hace eco de “la verdad oficial” y censura o silencia la voz de las comunidades y pueblos indígenas.
Ciudadano vicepresidente de la República y demás integrantes del Consejo Presidencial de los Derechos Humanos:  hemos venido aquí a ratificar estas denuncias y a exigir la intervención de las máximas autoridades para aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, haya reparación a las víctimas y cesen las hostilidades contra los pueblos originarios.
Termino con una reflexión del poeta y prócer cubano José Marti: ¡LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN; SE TOMAN Y SE EXIGEN!.